En los últimos meses, la gobernabilidad ha sido un concepto tratado con frecuencia por los medios, los distintos líderes de opinión y las autoridades. Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la gobernabilidad?
Por Gabriela Hernández. 21 enero, 2021.
Foto: ANDINA.
El doctor Luis Castillo, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica que la gobernabilidad se relaciona directamente con el bienestar de la persona (el fin último y supremos de una comunidad política), y la satisfacción de sus necesidades.
Por ello, señala, los poderes públicos existen para servir a la persona, ayudándola a conseguir su máxima realización posible. “Cuando los poderes públicos promueven el bien común, además de promover la satisfacción de necesidades comunes, por ejemplo, de seguridad ciudadana o de infraestructura, promueven las condiciones para que las personas gocen de sus bienes individuales y puedan satisfacer sus necesidades individuales”.
El jurista resalta, también, que la capacidad de los gobernantes para emitir leyes que contribuyan con el bien común debe ir aunada con la voluntad y disposición de los ciudadanos para cumplir con estas.
Al mismo tiempo, el profesor Castillo señala que esa “gestión del bien común en una comunidad reclama de reglas jurídicamente válidas y moralmente correctas; así como su cumplimiento efectivo. Los poderes públicos cumplen su labor a través de una serie de decisiones que reclaman ser obedecidas”, acota.
En este marco, el jurista indica que “la gobernabilidad significa la capacidad de los poderes públicos, particularmente del Ejecutivo y del Legislativo, para emitir decisiones jurídicamente válidas y moralmente correctas que ayudan efectivamente a la gestión del bien común, así como la capacidad para generar obediencia y cumplimiento de tales decisiones”.
En este sentido, anota que “la incapacidad de los poderes públicos para emitir reglas o decisiones jurídicamente válidas y moralmente correctas; y la incapacidad de generar la obediencia de los destinatarios de tales decisiones son los principales factores que atentan contra la gobernabilidad”.
Asimismo, refiere que la gobernabilidad no solo depende de las autoridades de los poderes públicos, sino que “la ciudadanía debe conducirse con respeto a la autoridad de los poderes públicos y estar dispuesta a cumplir lo más plenamente posible las reglas o decisiones que se adopten en beneficio del bien común, que es tan necesario para generar y gozar de los bienes particulares”.
